El pasado 28 de septiembre del 2022, en un medio digital de Canarias, publicaron la siguiente noticia:
“El Estado ‘ahoga’ a las empresas de seguridad con contratos públicos al exigirles cotizaciones ajenas
En los últimos cuatro años y en virtud de la doctrina Somoza han asumido las deudas que dejaron sus antecesores -hoy en quiebra- con los trabajadores, pero ahora la Tesorería les exige también las cotizaciones. Es la «muerte» de las pequeñas pymes del sector SEGURIDAD PRIVADA.”
Esto está pasando en Canarias por culpa de la Administración Publica, por no poner herramientas y soluciones a tiempo.
Desde ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA se avisó, en Julio del 2022, a la Generalitat de Cataluña y a otras Administraciones Publicas por escrito sobre lo mismo y siguen con la venda en los ojos.
Los sindicatos UGT, USO y CCOO dorando la píldora a APROSER y a ACAES y también se ponen la venda en los ojos.
Una de las medidas que ADN SINDICAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA fundamenta es que en las licitaciones se pida un 10% de aval bancario en base:
“Aval bancario
Viendo las sentencias y doctrinas de la UE en las cuales se pasan subrogadas las deudas, entendemos que en las Garantías de aval las Administraciones Publicas tendrían que solicitar un aval del 10% para después así poder hacer frente a una posible responsabilidad patrimonial. En base al art 107 de la Ley de Contrataciones Publicas”
Este punto es muy importante ya que nos podemos encontrar que, como ha pasado y está pasando (ej: Ombuds, Meresant, SH Lanzarote…) sucederá que luego, las empresas siguientes, no querrán entrar si no tienen una garantía y como siempre saldrán perjudicados los trabajadores.
El problema es el de siempre, que después, por culpa de las Administraciones Publicas, empresas y sindicatos los perjudicados son y serán los Vigilantes de Seguridad.