Desde ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA hemos solicitado explicaciones a los Organismos Públicos correspondientes, ante una situación que consideramos de máxima gravedad y que, de confirmarse, podría constituir un presunto caso de intrusismo profesional dentro del sector de la seguridad privada.
Durante el paso de Le Tour de France por Barcelona, la organización francesa de la carrera habría desplazado a su propio personal de seguridad, es decir, un personal de una empresa de seguridad francesa sin homologación para trabajar en territorio español, para supervisar sus instalaciones.
Una circunstancia que plantea numerosas dudas sobre el cumplimiento de la normativa española en materia de seguridad privada y sobre el papel desempeñado por la Administración competente.
La primera pregunta es evidente: ¿Por qué se permitió esta situación?
Cataluña cuenta con profesionales altamente cualificados, habilitados por el Ministerio del Interior y de empresas de seguridad perfectamente capacitadas para asumir este tipo de servicios. Si realmente se optó por personal desplazado desde otro país para desarrollar funciones que pudieran estar reservadas a personal habilitado en España, alguien debe explicar quién lo autorizó, bajo qué cobertura legal y con qué criterios.
Pero igual de preocupante resulta la actitud de la Administración.
Si los profesionales del sector en Cataluña cumplen estrictamente una normativa cada vez más exigente, obtienen sus habilitaciones, mantienen su formación y asumen importantes responsabilidades. ¿Por qué cuando el organizador de un gran evento actúa al margen de lo que cabría esperar, desde el Departament d’Interior de la Generalitat de nuevo el silencio es absoluto?
Una vez más, la sensación que se transmite es que existen dos formas de aplicar la ley:
- Una extremadamente rigurosa para los profesionales y empresas de seguridad privada de nuestro país.
- Otra sorprendentemente flexible cuando quien está enfrente es un gran organizador internacional.
Desde ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña no vamos a aceptar esa doble vara de medir.
Por ese motivo hemos solicitado las aclaraciones oportunas y exigimos que se determine exactamente lo siguiente:
- ¿Qué funciones desarrolló ese personal supuestamente de seguridad traído desde otro país?
- ¿Cuál era su condición jurídica?
- ¿Qué autorizaciones existían y quién o qué Departament de la Generalitat las había gestionado y aprobado?
En definitiva, saber si se respetó la legislación vigente en materia de seguridad privada o no.
Somos coherentes, respetamos y dignificamos nuestra profesión.
No estamos ante una cuestión menor. Está en juego el respeto a una profesión regulada, la protección del empleo de miles de vigilantes de seguridad y la credibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Los vigilantes de seguridad no pueden competir con situaciones de presunta competencia desleal o de posible intrusismo mientras que la Administración permanece impasible. Si la normativa existe, debe aplicarse a todos por igual, sin excepciones y sin privilegios.
Desde ADN SINDICAL SEGURIDAD Y SERVICIOS DE CATALUÑA seguiremos defendiendo los derechos de los profesionales del sector. Continuaremos denunciando cualquier actuación que pueda vulnerar la legalidad, y como es lógico, exigiendo transparencia a quienes tienen la obligación de garantizar que las normas se cumplan.
Porque cuando quienes deben velar por la legalidad ante una más que posible irregularidad guardan silencio, es obligación de las organizaciones sindicales alzar la voz.
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